No es la primera vez que el gigante Google resulta multado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación con el Derecho al Olvido, pero, esta vez, la multa ha sido histórica: 10 millones de euros.
Pero ¿qué ha pasado?
Pues bien, esta multa ha sido consecuencia de la comisión de dos infracciones, de carácter muy grave según la normativa de protección de datos, por parte del buscador Google.
En este caso, el buscador ha sido sancionado por ceder datos a terceros sin contar con legitimación para ello, además de obstaculizar el ejercicio del derecho de supresión, o bien derecho al olvido, de los ciudadanos.
Con independencia de la multa histórica, la AEPD también ha instado al buscador a cesar inmediatamente en la cesión de datos a terceros, así como que dichos terceros supriman y cesen en la utilización de los mismos.
Pero, la importancia de este caso radica en la serie de conclusiones que ha expuesto la AEPD en relación con la herramienta que Google pone a disposición de los ciudadanos para ejercer el derecho al olvido.
Como todos conocemos, el buscador dispone de herramientas para denunciar el contenido que se considera que infringe cualquiera de los derechos de los ciudadanos y usuarios o sus Políticas de Contenido, pero dichas herramientas, muchas veces, más que ayudar, complican la situación, generando una gran incertidumbre.
Justamente esta forma de complicar el procedimiento ha sido uno de los motivos base para considerar que el buscador está obstaculizando el ejercicio del Derecho al Olvido.
Por ello, además de lo expuesto anteriormente, ha instado a Google a diseñar un sistema mucho más simplificado y sencillo, además de no aplicar única y exclusivamente las políticas internas del buscador, salvaguardando y primando la protección de los datos personales en base a la normativa de protección de datos y no en base a las políticas internas de la entidad.
Finalmente, el buscador ha manifestado que seguirá colaborando con la AEPD para ir mejorando y adaptando sus herramientas, servicios y políticas a la normativa, asegurando la transparencia.
